Las asociaciones insulares de desarrollo rural de Canarias llevan más de quince años actuando en nuestras islas y colaborando con las administraciones europea, nacional y autonómica para la aplicación de políticas de desarrollo económico en las zonas rurales de nuestro archipiélago.
Estas entidades constituyen un ejemplo de cooperación local pues aglutinan a ayuntamientos y cabildos, a empresas y a organizaciones no lucrativas y, han gestionado ente otros programas europeos el LEADER, importantísima línea de la política comunitaria de desarrollo rural, que lleva casi 20 años funcionando en toda Europa.
El éxito del programa de desarrollo rural LEADER descansa en el fomento de actividades económicas en el medio rural (turismo, agroalimentarios, artesanía, ganadería, etc.) y su papel en la recuperación de patrimonio, la puesta en valor de la cultura y el medio ambiente de nuestras medianías, la formación profesional, la transferencia de tecnología, la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo empresarial y la cohesión social.
Los buenos resultados obtenidos ha motivado que en los últimos años este programa haya sido incorporado en las políticas de los Estados Miembros y, por tanto, en nuestro país ha recaído su gestión en las Comunidades Autónomas, que en el caso de Canarias se materializa en la responsabilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno Autónomo. Esta progresiva descentralización lejos de mejorar los procedimientos de gestión de ayudas en el medio rural, ha supuesto un aumento de las dificultades de organización y recepción de fondos en cada isla, lo que presagia una pérdida de fondos públicos por incumplimiento de los tiempos de justificación fijados por las autoridades europeas. El sistema acumula notables retrasos, variaciones en la programación derivados de los mismos y, a ello se añaden las deudas que la Consejería acumula de períodos de programación europea anteriores al 2007.
Esta situación, de la que ya se han hecho eco organizaciones agrarias del archipiélago, está provocada por no establecer desde el Gobierno de Canarias un procedimiento más eficiente, ágil y operativo en la transferencia de los fondos, y puede agudizar aún más la pérdida de financiación comunitaria para el medio rural de Canarias.
Si además, tenemos en cuenta que las propias organizaciones sin ánimo de lucro que en cada isla han sido designadas para la gestión de las ayudas al desarrollo rural deben asumir los costes financieros de la prefinanciación de dichas ayudas y gestionar las mismas en un escenario de total precariedad jurídica y financiera, se vislumbra una situación final de difícil resolución y de consecuencias perjudiciales para el medio rural de Canarias.
Es por lo que los Grupos de Desarrollo Rural, entienden que se agota el tiempo para la búsqueda de soluciones y han decidido recabar de las autoridades competentes (Gobierno Autónomo, Gobierno Central y Comisión Europea) una urgente actuación con la finalidad de buscar una mejora plausible de la gestión del Programa Leader y por tanto del Programa de Desarrollo Rural de Canarias. Para ello se ha iniciado una acción conjunta de información a todos los agentes económicos, sociales y políticos que puedan participar en la resolución de la grave situación a la que se enfrenta este sector.
Federación Canaria Desarrollo Rural